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EDITORIAL
La LOE
Cientos de miles de manifestantes se concentraron en Madrid el
pasado 12 de noviembre para protestar contra el proyecto de Ley
Orgánica de la Educación (LOE) impulsado por el
gobierno socialista. Aunque las cifras son muy dispares según
las fuentes, algo a lo que ya estamos acostumbrados, nadie se
atreve a negar el éxito numérico de la manifestación.
Incluso el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que se encuentra en horas bajas según diversas
encuestas, se ha prestado a escuchar a los convocantes de la manifestación,
algo que no ha hecho en ocasiones anteriores, o en el momento
en que recibió más de un millón de firmas
contra el mismo proyecto educativo.
Algo debe fallar cuando al líder socialista, que tanto
alzó la bandera del diálogo y del talante, se encuentra
con continuadas manifestaciones contra su política. Y es
que normalmente la manifestación ciudadana en las calles
suele ser el último recurso cuando una parte de la sociedad
no se siente escuchada o tenida en cuenta por parte de sus gobernantes.
Sin entrar a valorar otras manifestaciones anteriores, en el caso
que nos ocupa, es cierto que hubo diálogo con los obispos
sobre el tema de la educación, pero no se llegó
a ningún acuerdo. Y es que el «talante» debe
ir más allá de las formas, porque si no hay voluntad
de ceder en nada para encontrar el acuerdo, el diálogo
es vacío e inútil.
Por eso, los obispos españoles apoyaron mayoritariamente
la manifestación, aunque, a la hora de la verdad, fueron
pocos los que salieron a la calle. Los prelados catalanes, por
su parte, poco propicios a animar este tipo de manifestaciones
públicas, se limitaron a expresar su voz crítica
con el proyecto educativo de la LOE.
Es normal que los obispos y la comunidad católica expresen
su preocupación por una ley que, además de plantear
serios problemas constitucionales sobre la libertad de enseñanza
y sobre el derecho de los padres para la elección del modelo
de educación para sus hijos, margina la religión,
dejándola como una formación sin ninguna importancia,
sin posibilidad de evaluación, sin alternativa real y fuera
del horario escolar. Mientras tanto se favorece una nueva asignatura,
de educación para la ciudadanía, que algunos ya
han comparado con aquella «formación del espíritu
nacional», en la que probablemente se darán consignas
que estén en contradicción con la doctrina de la
Iglesia.
Pero sería peligroso reducir los errores de la LOE a estas
dos cuestiones, por otra parte tan importantes para los creyentes.
Probablemente, el principal problema de la educación está
en el fracaso que se está produciendo en nuestro país
a nivel educativo, con continuos cambios de planes, sin que ninguno
haya demostrado resultados positivos en el alumnado. Contrasta
esta realidad con la de otros países que mantienen durante
bastantes décadas su modelo educativo, a pesar de los cambios
de color político de los gobiernos, y que obtienen como
premio unos resultados educativos enormemente superiores a los
de nuestro país. Mientras cada partido gobernante se mantenga
inflexible con su ley educativa, como ahora sucede con la LOE
del Partido Socialista o, anteriormente, con la LOCE del Partido
Popular, no podremos avanzar de ninguna manera. Hasta que no haya
un gran pacto educativo, que aúne una amplia mayoría
del Parlamento español, y que incluya como mínimo
las dos principales fuerzas políticas estatales, no podrá
haber estabilidad educativa. Y mientras los políticos se
pelean al grito de «yo ahora derogo la ley educativa que
tú hiciste e impongo la mía», los grandes
perjudicados son los estudiantes, con unos niveles culturales
muy bajos y con un fracaso escolar tremendamente preocupante.
Por último decir que, una educación que no tenga
en cuenta los valores más intrínsicos de la persona,
como por ejemplo, todo su sentido trascendente, quedará
coja. Las leyes laicistas que quieren excluir cualquier elemento
religioso de la vida pública, como las que se aplican en
Francia, ya se está viendo a qué reacciones conllevan.
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